Observatorio electoral
El proyecto de reforma política, actualmente en debate en el Congreso Nacional, que recientemente obtuvo media sanción en la Cámara Baja, tiene como eje central la implementación del voto electrónico a nivel nacional para las elecciones legislativas del año próximo.
Desde comienzos de este año, desde el Poder Ejecutivo Nacional se anunció la intención de presentar un proyecto de reforma política que tuviera como epicentro la implementación del voto electrónico en las elecciones legislativas del año 2017.
La presentación de dicho proyecto se concretó finalmente el 23 de junio de 2016. Entre sus fundamentos, el Presidente de la nación apuntó a la necesidad de generar un sistema electoral transparente y equitativo, acorde a la democracia moderna actual. Para alcanzar este ambicioso objetivo, se planteó la necesidad de modificar el instrumento de votación, reemplazando las clásicas boletas partidarias de papel por un sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), mecanismo similar al utilizado en las elecciones del año 2015 en CABA y la provincia de Salta.
Ilustración 1: Proceso de votación con Boleta Única Electrónica
Fuente: www.vot-ar.com.ar
Sin embargo, el instrumento de votación que desde el oficialismo se presenta como infalible conlleva algunos riesgos similares al mecanismo que se pretende dejar atrás, y otros diferentes aunque igualmente problemáticos.
Resulta dificultoso explicar las razones que atribuyen características infalibles a esta forma de votación, ya que ésta es una parte importante del proceso de sufragio pero no representa la totalidad del mismo. La diversidad de medios de votación que se utilizan en el mundo y la poca cantidad de países que utilizan procedimientos de sufragio electrónicos, da la pauta de que la transparencia no va ligada indefectiblemente a la tecnificación del instrumento de votación. Por el contrario, países como Alemania, han dictaminado que el voto electrónico no permite que la ciudadanía controle y fiscalice el elemento de sufragio, por lo que no sólo que no contribuye, sino que atenta contra la transparencia.
¿En que se modifica la calidad democrática con el voto electrónico?
El proyecto de reforma oficial instaló la idea de que el voto electrónico puede solucionar prácticas clientelares, resolver el problema de la oferta electoral e impedir el fraude, entre otras cuestiones, cuando en realidad,para que esto suceda no basta con cambiar el mecanismo de sufragio, sino repensar la ingeniería electoral en su conjunto.
El único problema que resuelve la implementación de la BUE es que el Estado asegura efectivamente el acceso a la totalidad de la oferta electoral ya que en la pantalla están plasmadas todas las opciones –de manera aleatoria- evitando la posibilidad de que se produzca robo o destrucción de boletas, principalmente en detrimento de aquellos partidos o alianzas más pequeños que carecen habitualmente de la estructura de fiscalización suficiente para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, cabe mencionar que la resolución de este problema puede lograrse también mediante la utilización de la boleta única de papel, opción nunca barajada desde el oficialismo.
Cuestiones tales como impedir el fraude o las prácticas clientelares son cuestiones más complejas que, por las características propias de la BUE no se ven totalmente descartadas. Actualmente, no existen mecanismos de sufragio infalibles ni que puedan garantizar al cien por cien la transparencia del proceso. La garantía de transparencia no se halla en el mecanismo elegido, sino en las instancias de contralor que se puedan realizar desde los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.
Por otro lado, la implementación de la BUE a nivel nacional, en lugar de apuntar a una implementación por etapas, implica un cambio brusco que somete a los votantes a adoptar un sistema desconocido en un período que resulta breve si se lo compara, por ejemplo, con el tiempo que requirió su implementación total en aquellas provincias de nuestro país donde el voto electrónico es hoy una realidad. La gradualidad permite corregir errores, deficiencias y evaluar si efectivamente funciona a nivel nacional. No deben ser soslayadas, además, las diferencias socio-educativas existentes en la población de nuestro país si realmente se promueve una mejor calidad de democracia en nombre de la modernización. Pero además, la gradualidad ayuda también a prever cuestiones sobre la infraestructura necesaria para poner en marcha, de una sola vez, más de 100.000 máquinas el día de la votación.
Una cuestión positiva de la iniciativa oficial es la proyección de un sistema de software libre desarrollado por el Estado y organizaciones de la sociedad civil que contará con posibilidad de auditoría total por parte de la ciudadanía. Generar un sistema íntegramente estatal requiere mayor cantidad de tiempo, pruebas de funcionamiento, mayor presupuesto para el desarrollo del software y del hardware por lo que requeriría, como se dijo anteriormente, una implementación gradual y tiempo, variable que hoy apremia.
La forma más efectiva de transparentar cualquier proceso es brindando herramientas a la ciudadanía para que pueda evaluar beneficios y riesgos de los mecanismos existentes, como así también sus costos y posibles fallas. De este modo, pareciera existir cierta incompatibilidad entre la transparencia fundamentada y la urgencia manifestada por el oficialismo.
Así como la utilización de boletas partidarias no representa una falencia intrínseca a la democracia, el voto electrónico tampoco debe presentarse como una solución por sí sola. Una reforma política significa abordar cuestiones profundas que alcancen, amplíen y resignifiquen el rol de la ciudadanía y de los partidos políticos como instituciones representativas, para que en esta instancia de participación, sea el involucramiento de la sociedad y el compromiso de los partidos políticos lo que asegure la transparencia de las elecciones.
