Condiciones socioeconómicas y desarrollo humano
“Duplicamos el presupuesto en todos los comedores escolares” se lee en grandes carteles dispuestos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la vía pública de algunos municipios bonaerenses. Lejos de promover una política universal de derechos de la infancia, la publicidad oficial promociona una política que retrotrae el asistencialismo al centro de la política social.
Una nutrición adecuada es un derecho humano fundamental para quienes transitan las edades más tempranas. Nadie es capaz de poner en duda, en este sentido, el rol que cumplen los comedores escolares al momento de reforzar o completar las comidas que se comparten en la mesa familiar. Sin embargo, es necesario poner en duda, o al menos cuestionar, la centralidad -¿ante la ausencia de otras estrategias?- que el gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó a esta política, dándole un importante lugar mediante publicidad oficial.
En Argentina, la política alimentaria escolar, iniciada a principios del Siglo XX con un servicio de copa de leche en la Ciudad de Buenos Aires, pasó por diferentes etapas, consolidándose fuertemente como política asistencial en la década de 1990 en consonancia con el aumento de la pobreza, indigencia y desempleo que impedía a las familias argentinas disfrutar de una vida digna.
De modo genérico, y sin la pretensión de profundizar en un debate teórico sobre los paradigmas de política social, podemos decir que hay dos grandes enfoques en el abordaje de las problemáticas sociales de acuerdo al rol que cumple el Estado y la concepción de los sujetos destinatarios:
a) un enfoque de derechos en el que los destinatarios de la intervención pública son considerados –valga la redundancia- sujetos de derecho y el Estado tiene, en consecuencia, la obligación de asegurar el acceso a ellos.
b) un enfoque asistencial en el que el Estado tiene un rol paliativo ante ciertas -algunas- necesidades consideradas insatisfechas de ciertos –algunos- sujetos considerados así beneficiarios receptores de la política.
Centros de estudios como el Observatorio de la Deuda Social de la UCA o el Centro CIFRA de la CTA coincidieron en el incremento de la pobreza e indigencia en los primeros meses de 2016. Aunque se reconoce la continuidad de algunas políticas de gran impacto económico y social como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo implementadas en 2009 y 2011, respectivamente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no es menos cierto que la pérdida de poder adquisitivo, especialmente de los sectores populares, en los últimos siete meses, ha licuado la capacidad de compra de esta y otras prestaciones[1]. Ante ello, tal como anuncia el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en su página web, esta cartera puso en marcha una serie de “medidas sociales” que “benefician a los que más lo necesitan”, destacándose en primer lugar la duplicación del presupuesto destinado a los comedores escolares. Si bien esto no deja de ser cierto, lo es sólo en términos nominales ya que, como quedó dicho, los precios de los productos que se adquieren para alimentar a los chicos, han aumentado también considerablemente.
Conviene aquí mencionar brevemente que el estudio “Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo“, realizado por seis universidades nacionales y presentado en 2011, destacó el impacto de esta prestación en relación al consumo de alimentos al mismo tiempo que reveló la disminución en la cantidad de alumnos en los comedores escolares por la posibilidad de comer en la casa y en familia.
En un contexto de deterioro como el actual, se presume que las estrategias que priorizan un enfoque de derechos están ausentes. O al menos, que el enfoque asistencial adquiere mayor centralidad.
No se cuestiona aquí la necesaria presencia del Estado en los comedores escolares pero sí es posible al menos discutir que sea una política asistencial la que se elija destacar ante una creciente profundización de la desigualdad económica y social. Sí es preciso reclamar, en pleno siglo XXI, la necesidad de abordajes integrales e innovadores de la problemática social.
[1] Los sectores de menor poder adquisitivo sienten un mayor impacto de la inflación ya que destinan la totalidad de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. Distintas mediciones dan cuenta del incremento de precios en los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en los últimos meses, entre otros: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz; Consultora FIEL; Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales; Asociación Consumidores Libres
